La Ley 20.009, que protege a los consumidores ante fraudes bancarios, ha sido modificada recientemente, lo que impacta directamente en la forma en que los bancos manejan estos casos.
Si alguna vez te han robado dinero de tu cuenta y el banco se ha negado a devolvértelo, este artículo es para ti. Aquí te explicamos los cambios más importantes, cómo afectan a los consumidores y qué hacer si eres víctima de fraude.
¿Qué es la Ley 20.009 y por qué es importante?
La Ley 20.009, también conocida como la Ley de Fraudes Bancarios, fue creada para proteger a los consumidores en caso de transacciones fraudulentas.
Antes de los cambios recientes, los bancos tenían la obligación de devolver el dinero robado sin mayores requisitos. Ahora, con la nueva modificación, los bancos pueden imputar responsabilidad al cliente si consideran que actuó con «culpa grave» o «dolo».
Esto significa que los bancos tienen más herramientas para negar la devolución del dinero y responsabilizar al usuario por el fraude.
Principales cambios en la Ley 20.009
Ampliación del Ámbito de Aplicación
La protección de la ley se extendió a una gama más amplia de medios de pago electrónicos, incluyendo:
- Tarjetas de prepago
- Transferencias electrónicas
- Cualquier otro sistema similar que permita transacciones electrónicas
Esta ampliación reconoce la evolución tecnológica y la diversificación de los métodos de pago utilizados por los consumidores.
Reducción del Plazo para Desconocer Operaciones Fraudulentas
El plazo para reportar fraudes bancarios se redujo de 120 días a 60 días.
Esta modificación exige a los usuarios mayor diligencia en la revisión de sus estados de cuenta y en la detección oportuna de transacciones sospechosas.
Procedimientos de Denuncia Más Rigurosos
Se han implementado nuevos requisitos para el proceso de denuncia de fraudes, entre ellos:
- Presentación de declaraciones juradas por parte del usuario afectado
- Obligatoriedad de denunciar el hecho ante las autoridades competentes
Estas medidas buscan fortalecer la prevención del fraude y asegurar que las denuncias sean fundamentadas y verificables.
Aumento de Penas por Uso Fraudulento de Medios de Pago
Las sanciones para quienes cometan delitos relacionados con el uso fraudulento de tarjetas y otros medios de pago han sido endurecidas.
Las penas ahora contemplan:
- Presidio menor en su grado medio a máximo
- Multa equivalente al triple de lo defraudado
- Comiso de los bienes adquiridos mediante el ilícito
Estas disposiciones buscan disuadir la comisión de fraudes y reforzar la confianza en los sistemas de pago electrónicos.
Responsabilidad del Usuario y del Emisor
La ley establece un régimen de exención de responsabilidad para el usuario cuando se demuestra que no tuvo participación en el fraude y actuó con la debida diligencia.
Sin embargo, si se acredita que el usuario actuó con dolo o culpa grave, podría ser considerado responsable de las pérdidas.
Es fundamental que los usuarios:
- Notificar a la brevedad al emisor ante cualquier sospecha de fraude
- Eviten compartir información sensible con terceros
- Mantengan actualizados sus mecanismos de seguridad, como contraseñas y métodos de autenticación
Impacto en las Entidades Financieras
Las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de prevención del riesgo de fraude por parte de las instituciones financieras.
Se espera que estas entidades:
- Implementen tecnologías avanzadas de detección y prevención de fraudes
- Eduquen a sus clientes sobre prácticas seguras en el uso de medios de pago electrónicos
- Respondan de manera eficiente y transparente ante denuncias de fraude
Según el Banco Central, tras la implementación de estas reformas, se ha observado una disminución en las pérdidas por fraude externo, pasando de $74 mil millones en marzo de 2024 a $18 mil millones en mayo del mismo año.
Conclusión
Las recientes modificaciones a la Ley 20.009 refuerzan la protección de los usuarios de medios de pago electrónicos en Chile, pero también imponen mayores responsabilidades a los consumidores.
Es esencial que los usuarios se mantengan informados y adopten prácticas seguras en sus transacciones electrónicas para prevenir fraudes y actuar diligentemente en caso de incidentes.